Puede derivarse de un proceso de divorcio, de una ruptura de pareja de hecho o, incluso deberse a intereses económicos de los propios interesados (para fundar una empresa sin causar perjuicios al consorte, por temor a futuras reclamaciones de terceros, porque se va a avalar a un tercero, etc). En ocasiones, un mal planteamiento de este tipo de actos jurídicos puede conllevar importantes desembolsos y pérdidas patrimoniales para cualquiera de los interesados, o para ambos, por lo que resulta conveniente estar bien asesorado.

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